Desde los Estados Unidos no. Como los Estados, otros países tienen leyes diferentes.
31 países dijeron que deportaron a personas que viven con el VIH. En orden alfabético, estos países son Armenia, Bahrein, Bangladesh, Brunei, Egipto, Guinea Ecuatorial, Hungría, India, Iraq, Jordania, Kazakhstain, Corea (Norte y Sur), Kuwait, Malasia, Moldavia, Mongolia, Omán, Panamá, Qatar , Rusia, Arabia Saudita, Singapur, Islas Salomón, Sri Lanka, Siria, Taiwán, Turkmenistán, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán y Yemen.
Otros 66 países enumeraron algunas restricciones, informó Weissner. Veinticinco países encuestados proporcionaron información contradictoria y ocho países no proporcionaron ninguna información. De los 197 encuestados, 119 no tenían restricciones migratorias.
Weissner también proporcionó ejemplos específicos de prácticas de deportación. En Egipto, por ejemplo, se detectaron 722 extranjeros VIH-positivos entre 1986 y 2006, todos los cuales fueron deportados (el 90 por ciento eran africanos). En Corea del Sur, 521 de 546 extranjeros VIH-positivos se vieron obligados a irse. Y en la Federación de Rusia, 1.579 inmigrantes legales resultaron positivos al VIH en 2008, y 198 de ellos fueron deportados.
En Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, hay un gran número de trabajadores migrantes en su mayoría asiáticos, todos los cuales están sujetos a pruebas obligatorias de detección del VIH. Si los resultados de la prueba del VIH son positivos, los migrantes se enfrentan a la detención en celdas de hospital similares a la prisión por hasta un año sin tratamiento. “Muchas personas VIH positivas mueren mientras esperan la deportación”, dijo Weissner. En 2008, agregó, 1.518 personas que viven con VIH, hepatitis B y tuberculosis fueron expulsadas solo de los Emiratos Árabes Unidos.
“Los gobiernos tienen políticas inconsistentes con respecto al acceso equitativo y no discriminatorio al tratamiento del VIH y en gran medida no aseguran el vínculo con el tratamiento cuando las personas que viven con el VIH son deportados”, informaron Weissner y sus colegas.
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“La deportación de personas que viven con VIH en función del estado del VIH en sí no tiene justificación para la salud pública, y las políticas que lo respaldan son discriminatorias y amenazan vidas”, agregaron los autores. “A nivel mundial, pone en peligro el objetivo del acceso universal”.
En cuanto a los próximos pasos, Weissner dijo que se necesita más investigación y defensa y que se deben implementar mejores sistemas de registro. Lo más importante es que los gobiernos nacionales deberían reconsiderar las políticas de deportación para las personas que viven con el VIH. A los migrantes también se les debería proporcionar un mínimo básico de servicios de salud, incluida la terapia antirretroviral, sin discriminación basada en la ciudadanía.
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